- La PAH ha socorrido a familias en municipios de todos los tintes ideológicos
- La actividad de la plataforma ha continuado tras la última toma de investidura municipal
- La red sin ánimo de lucro ha ofrecido auxilio en zonas con alcaldes de formaciones del cambio
Mapa del auxilio ofrecido por la PAH desde la última toma de investidura en las alcaldías (13 de junio de 2015). A color, la representación política en cada municipio en función de su ideología, con los tonos representativos. En blanco, de forma intermitente, el momento en el que la PAH hace presencia para bloquear un desahucio u organizar una solución.
Comparten el primer nombre, el miedo al desahucio y el lugar de la incertidumbre: Mary Paz y Maria Rosa han tenido que contar con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Madrid. La capital de España y Barcelona son los ejemplos más conocidos de ciudades con alcaldía antidesahucios, pero con lanzamientos sin ninguna solución. Estas dos mujeres no representan el corazón administrativo del país, sino la provincia entera.No solo es Ada Colau, no solo es Manuela Carmena, no solo es Kichi. Los PAHpers muestran los alcaldes de formaciones nuevas que se han encontrado en su primer año con la PAH mientras estaban gobernando. Once grupos propios o coaliciones de formaciones inscritas en 2014 o 2015 total o parcialmente, de distintos ideales, y que tienen varias opciones: colaborar con la PAH, hacer la guerra por su lado o ignorar el asunto. El bastón de poder otorga la alcaldía, pero no la pócima para fulminar los desahucios: la solución es otra y, posible o no, las familias presentes en los PAHpers solo saben una cosa: que pueden perder su casa.
Las verdaderas sedes de Mary Paz y Maria Rosa son Ciempozuelos (gobernado por Ahora Ciempozuelos) y Pinto, respectivamente, ciudades no pertenecientes al corazón sino a las arterias madrileñas. San Fernando de Henares es la tercera localidad madrileña que aparece en los registros de la PAH tras las investiduras del cambio. Su marca “sí puede”, en el tema del desahucio no se realiza en singular: los intermediadores de la plataforma también ofrecen su ayuda allí. Lo hicieron un 21 de diciembre, un día en que no solo los sillones del Congreso tenían un futuro incierto. Estas son sólo tres de las once formaciones políticas con algo más que los aires de cambio “en comú”.
Aram Decidit Ripollet en conjunto con Candidatures Alternatives del Vallès, Candidatura d’Unitat Popular y Poble Actiu, ha contado cuatro veces con la presencia de la PAH en el municipio que lideran. Con los PAHPers no se puede afirmar, al cien por cien, que la amenaza del desahucio aparece de nuevo para una familia, pero hay factores que lo hacen sospechar: unos claros, como el número de intentos, y otros más difusos, como en este caso (mismo bloque y mismo número del auxilio ofrecido en 2014), cuando entonces la alcaldía era socialista. Poble Actiu también respalda con pacto a la nueva formación de Badalona.
“Ofrecemos ayuda a las personas que vienen, porque les vayan a echar de casa, con direcciones y teléfonos correspondientes a abogados de la Diputación de Valencia y tenemos convenios, mediante los cuales estos abogados les ayudan ante los bancos para que no les desahucien.” Esta cuestión es la única que quieren dejar clara dentro de la concejalía de Independents per Piles (Piles, Valencia), cuya fuente no quiere ser citada y mostró reticencias a la hora de ofrecer datos. Los gobiernos de cambio traen ideologías varias y, en Piles, lleva ahora la batuta una formación propia comandada por David Morant, un político que ya ha tenido la experiencia de alcalde en el PP. La provincia de Valencia no termina en este lugar la ruta del desahucio de las nuevas investiduras: La PAH ha pasado también por Almoines (Units per Almoines), esta como creación con alcaldía exsocialista.
Mapa del auxilio ofrecido por la PAH desde 2012 hasta la última toma de investidura en las alcaldías (13 de junio de 2015). A color, la representación política en cada municipio en función de su ideología, con los tonos representativos.
Lourdes y Rosa Nieves han sido ayudadas en Canarias por la PAH, pero no pertenecen al mismo municipio: la primera tuvo socorro en Santa Lucía de Tirajana, y la segunda en Telde. En este caso, es un mismo pacto de coalición el que sortea las olas de ambas delimitaciones: Frente Amplio nació en 2013 como unión de las fuerzas de izquierda ante el descontento general y obliga a considerarla dentro de la docena de formaciones nuevas. Compone junto a Nueva Canarias el organigrama político de los dos territorios.
“Al día de hoy, es uno de los mayores problemas de este siglo.” Así de tajante respecto a esta lacra se muestra Norberto Viedma, concejal de Servicios Sociales de Bollullos de la Mitación, quien no tomó la petición de las políticas públicas antidesahucio como una cuestión privada. Seguro de sí mismo, entendía la PAH como un órgano con el que había que colaborar. Cuenta el último caso: “Hace unos días, en el que también paralizamos otro, in extremis, cuya persona incluso se encontró con un concejal por la calle, le comentó la situación.” Llevaron a la “oficina de intermediación con la asesora jurídica”, una psicóloga y “directamente llamamos a la PAH y se empezó a mover todo para evitar las ejecuciones. La paralizamos hasta el 4 de julio y ahora estamos en el procedimiento de la asesora jurídica para llegar a un acuerdo de un alquiler social con el banco.”
Las Palmas, Murcia, Barcelona y Madrid se sitúan como las primeras en la lista. El porcentaje no indica números de familias ni hogares afectados, ya que las cifras de población en este caso no se han tenido en cuenta. Sí muestra, no obstante, el ratio de alcaldes por provincia que se han encontrado con la PAH dentro de su gestión y la situación provincial. El tamaño muestra qué comunidades, en números relativos, han tenido más municipios visitados por la PAH. El gradiente de la segunda legislatura permite ver en la legislatura anterior con proporciones distintas qué provincias han sufrido mayor o menor toque de atención por parte de la plataforma entre una legislatura y otra. Los grises (también más oscuros o claros dependiendo del porcentaje) representan las provincias que sí han tenido municipios con la ayuda de la PAH en la legislatura anterior pero ninguno en la presente.
Viedma no forma parte de las nuevas formaciones pero sí de Izquierda Unida, adherida a Podemos para las elecciones del 26J. El concejal, sin embargo, aporta otro color a su silla: es la representación del PSOE dentro de la hegemonía del grupo de Garzón en el municipio. La opción a gobierno junto al equipo de Pablo Iglesias tampoco se libra de combatir en sus feudos el tema de los desahucios: Zamora es la otra ciudad con IU en el poder después de las elecciones de mayo de 2015 en la que la PAH ha tenido que intervenir. Y del rojo al naranja: la PAH también ha pasado por ayuntamientos liderados por Ciudadanos desde las elecciones de mayo de 2015, concretamente por Espartinas (Sevilla) y Valdemoro (Madrid).
“Estamos en contacto con la plataforma y con las familias que llevamos normalmente para que cuando se tenga noticia de un posible desahucio se pueda avanzar toda la tramitación del expediente de riesgo de exclusión residencial.” Esta es la forma de conseguir alternativa habitacional para las familias de acuerdo a Anna Montes, concejala de bienestar social, entre otros asuntos, dentro de la recién formación de Santa Eulalia de Ronçana. Añade que existe una agencia de vivienda en Catalunya en la que “se reúnen mensualmente y valoran los casos por el nivel de riesgo que necesitan vivienda social.”
Las comunidades autónomas entran a debate en los discursos de todos los políticos entrevistados: “esto tiene que ser un pacto de Estado como fue el pacto de Toledo de las pensiones, y que realmente se garantice el derecho a la vivienda, porque está garantizado a nivel constitucional pero no hay después ningún reglamento que garantice tal derecho. Es competencia autonómica, pero en electricidad y agua interviene el Estado”, denuncia Montes. La concejala convirtió su teléfono en altavoz ante los que, para ella, son los responsables: “definidlo claro y decidnos a nivel de administración local a quién tenemos que buscar cuando tengamos un problema de estos, porque asumir el alquiler de un año de una familia es cargarte el presupuesto de pobreza energética.” Comentaba después que tenían “una partida de pobreza energética que se creó este año para subsanar recibos de agua y luz.”
Sin Ley 24/2015: la ausencia de estos seis números separados por barra también va a alejar el derecho a la vivienda a ciertas familias. He aquí el motivo de la indignación de la regidora. El PP apoyó la que fue una iniciativa legislativa popular aprobada por unanimidad en el Parlament de Catalunya, pero discrepaba por la versión central del partido. Finalmente, el gobierno en funciones presentó un recurso con suspensión cautelar ante el Tribunal Constitucional contra tal medida. En este tablero, la ficha municipal catalana se valíó de la ficha autonómica para conseguir un amparo en este asunto que ninguna otra comunidad obtendría, pero la ficha nacional también entraba en juego, e hizo jaque mate a todos los movimientos realizados desde el atisbo de ilusión.
De acuerdo a los PAHpers, El Pla del Penedès, Mollet del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Granollers, Manresa y Terrassa en Barcelona y Salt en Girona, junto a su capital de provincia, han sido los municipios en los que la ley 24/2015 habría servido concretamente en once acciones entre los meses de enero y mayo. Un privilegio que ponía al caballo de batalla catalán en una posición distinta al resto de comunidades, pero que tiene que recular: “lo que no sabemos es a partir de que el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia, porque había mucho desahucio que estaba parado y ahora si arranca no sabemos cómo afecta”, comenta la concejala.
¿Es la eliminación de los desahucios una quimera? A esa pregunta se han sometido los concejales entrevistados, y ninguno de ellos buscó rebatir la cuestión: “nosotros lo que intentamos es poner todos los medios y muchas veces no se puede conseguir al cien por cien, pero tenemos claro que no se va a desahuciar a nadie, que vamos a poner todos los medios, incluso a la policía local le hemos dado orden para que no participen ningún desahucio,” sentenciaba Viedma.
Barreras a nivel autonómico, pero también desde el propio municipio: ¿la causa? tener unas características demográficas que, de forma inconsciente, irían después en perjuicio de ayudas idóneas. Montes abría otro conflicto, el poblacional: “las grandes ciudades tienen más pisos y casas en propiedad de bancos. Aquí en Santa Eulàlia tenemos mucha preocupación y las casas que nos ofrecen son demasiado grandes como para que el banco acceda a que sea vivienda social, y para mantener esas casas a nivel de electricidad y de agua es un problema porque son muy grandes. Resuelves el problema de la vivienda pero le añades otro problema, y es cómo pagan el agua y la luz. Es un poco contradictorio.”
La PAH ha intervenido a 21 municipios con menos de 3000 personas acuerdo a las cifras de población de 2015 por el INE en el primer año de las legislaturas locales actuales. El orden alfabético a elegir permite ver cómo hay provincias que albergan más de uno de estos pueblos.
7080 son las personas del recuento poblacional de 2015 por el INE en Santa Eulalia de Ronçana, pero entre los PAHpers hay municipios que no llegan ni a los mil. Los desahucios no entieden de números territoriales ni de formaciones políticas, y localidades de muchos y pocos habitantes, con gobiernos de un polo y del otro no se libran de ellos. Los lanzamientos no tienen tonalidades políticas, pero solo añaden un color, el negro, a la realidad de quienes no pueden hacer frente a los costes de su hogar.
Se han pasado a formato txt los datos de la página de la PAH desde 2012 correspondientes al apartado Stop desahucios y se han trasladado a una hoja de cálculo. Tras la necesaria limpieza y corrección de errores, estos datos se han cruzado con el listado que tiene el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de alcaldes en la pasada legislatura municipal y en la presente para la asociación política de cada municipio en el que la PAH ha actuado, y con las cifras de población por ciudades del INE. Se han comprobado cuáles de las formaciones para liderar era nueva o veterana mediante el registro de partidos del Ministerio del Interior.