El Diario de Navarra tuvo recientemente un acceso a la base de datos de la PAH y realizó un proyecto exhaustivo en el que se detalla en qué situación están las viviendas que tienen que soportar tal lacra. Así inauguró su unidad de datos. Sin embargo, a excepción de este ejemplo, los datos son imprecisos y engañosos.
No. El INE muestra de forma reciente las ejecuciones hipotecarias y ofrece resúmenes: sí divide entre vivienda habitual y otras viviendas respecto a las fincas, pero no todas las ejecuciones hipotecarias terminan en lanzamiento, que corresponde al desahucio de la persona de su casa. Además de los datos absolutos, ofrece datos relativos en función al número de hipotecas inscritas que dejan claras las comunidades autónomas con más familias afectadas por el impago de sus hogares, pero eso no significa que vayan a ser desahuciadas después. Por tanto, que una comunidad autónoma tenga el ratio más alto de viviendas en ejecución hipotecaria respecto a las hipotecas totales no significa que también vayan a ser los líderes en el destino del desahucio ni que esos desahucios se vayan a efectuar.
El Consejo General del Poder Judicial muestra en un resumen anual el número de lanzamientos. En este caso se supera la cuestión de informar hasta el punto de la ejecución hipotecaria, pero no se detalla si se trata de primeras, segundas viviendas o fincas, ni tampoco habla de los alquileres. División más fiable, en apariencia, muestra un libro de cálculo más reciente sobre los efectos de la crisis: división entre ejecuciones hipotecarias y lanzamientos y, dentro de estos, aquellos practicados por los servicios comunes y los realizados por los juzgados. Pero la situación es la misma: la división del mismo problema sigue sin distinguir entre primeras viviendas, alquileres y fincas, aunque el desglose por comunidades sí pueda dar pistas.
Del Banco de España proviene el conjunto de datos más fiable: distingue entre vivienda habitual y otras, y ofrece el número de hipotecas totales para la obtención de números relativos. Incluye un apartado de las entregas de viviendas y las divide en voluntarias (y dentro de estas, daciones en pago) y judiciales (vivienda vacía por una parte y vivienda ocupada por otra), considerando también los desalojos (“con intervención fuerzas del orden”). Sin embargo, la cuestión de la hipoteca pone en tela de juicio que hayan sido considerados los alquileres, régimen en el que también las familias pueden adecuarse para vivir dignamente, pero que puede salir mal. Sin la división por comunidades autónomas, la conclusión no permite exigir responsabilidades a los gobiernos autonómicos.
Las estadísticas que se han relacionado con los gobiernos locales o autonómicos han sido las procedentes del INE, del CGPJ y del BDE. No mienten, pero no muestran el problema en su totalidad. Los datos de Stop Desahucios dentro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca son verídicos: cada registro corresponde a una actividad organizada cuya fecha, lugar y hora vienen corroboradas también por un hashtag que permite seguir la actividad y, en ciertos casos, nos lleva al origen: a la petición de esa persona o familia dentro de la red de auxilios. Se han tomado los datos a partir de 2012, momento en el que vienen lo suficientemente detallados como para comprobar su credibilidad.
No. La única operación válida es el recuento: permite descubrir qué municipios pisa la PAH para su labor social. Los datos, en algunos casos, no dejan claro si se trata de un hogar o de un bloque (aparecen las direcciones, muchas de ellas repetidas: o bien a causa del aplazamiento del mismo procedimiento, o bien porque dentro de ese bloque hay más viviendas afectadas), ni tampoco si es una persona o varias. Además, no se puede obtener ningún número relativo respecto a los salvados: el último censo de hogares es de 2011 y el INE solo ofrece una proyección de hogares anual. Esta proyeccion de hogares, un número ya de por sí rehecho y no real de forma certera, a nivel provincial no aporta nada: habrá ayuntamientos que, con o sin ayuda de la PAH, eviten más desahucios que otros.
La PAH tampoco es un medidor de todos los desahucios que se producen, pero cada punto que añade a su lista es un ayuntamiento al que, de repente, le alberga una responsabilidad extra. Por esto mismo tampoco se puede establecer un ratio de número de salvados por población u hogares total a nivel autonómico que trate a todos los municipios por igual. Lo mismo ocurre con los partidos y con los bancos: su distribución no es uniforme y decir que un banco propio de una comunidad es el que más desahucios ordena o que el PP de 2011 a 2015 copaba los ayuntamientos en los que se encontraban lanzamientos tampoco es significativo.
La referencia a los Papeles de Panamá o de La Castellana es clara. Sin embargo, es una osadía la comparación con el periodismo de datos realizado con estas filtraciones, la primera de ellas con gigas de datos y que ha supuesto el mayor escándalo mundial que una revelación de estas características ha desencadenado. PAHpers se inspira de estos grandes trabajos y guarda las siguietnes similitudes (solo técnicas e inspiradoras, no cuantitativas ni cualitativas, ya que estamos hablando de proyectos de dimensiones totalmente diferentes): si bien la aparición en los Papeles de Panamá no suponía una ilegalidad, sino un desconcierto ético, en el caso de los PAHpers, la aparición de un municipio no supone en este caso ni acusación ni descrédito al ayuntamiento que lo gobierne.
La redacción del proyecto simplemente evidencia una hipótesis: la solución del problema no ha estado en el despacho de ningún alcalde, sea del lado que sea, y estos solo pueden facilitar o ignorar el tema, cuestión que ya los PAHpers no pueden adivinar. Como el número de veces que aparezca un nombre no significa nada, el cruce con el censo de población y los partidos políticos vencedores en municipios es esencial.